Uruguay forestal

Uruguay forestal 

La República Oriental del Uruguay, situada en la zona templada de América del Sur, se ubica en la misma latitud que los principales emprendimientos forestales del mundo, encontrándose en una zona climática similar a las de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Chile. De las 17.600.000 ha de superficie terrestre que dispone el país unas 16.400.000 ha se pueden utilizar en actividades agropecuarias, encontrándose un 5% de dicha área cubierta por bosques nativos y un 6,5% por bosques implantados.

URUGUAY FORESTAL / Aspectos ambientales

La actividad forestal en el país ha crecido en forma sostenida en los últimos 25 años. Es un sector relativamente joven que desde sus primeros años de desarrollo ha actuado en forma responsable y respetuosa con el medioambiente.

A partir de mediados de la década de los 90, se inician junto a la Universidad de la República a través de las Facultades de Agronomía e Ingeniería y los sectores público y privado relacionados al tema, una serie de trabajos de investigación orientados a monitorear la interacción de los bosques plantados con los recursos suelo, agua y biodiversidad. Estos trabajos que continúan actualmente han aportado valiosa información para la mejora continua de los planes de gestión forestal y en consecuencia la sostenibilidad de la actividad.

La superficie ocupada por bosque nativo aumentó de 670 mil a 850 mil hectáreas desde la promulgación de la Ley Forestal de acuerdo a cifras publicadas por la Dirección General Forestal.

Los suelos declarados de prioridad forestal (sobre los que se asientan la mayoría de las plantaciones forestales del país) fueron seleccionados por presentar características adecuadas para la producción forestal y baja productividad para otras actividades agropecuarias o por presentar un importante grado de erosión.

No es posible plantar ningún bosque con superficie mayor a 100 hectáreas si no se obtiene una autorización ambiental previa emitida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la correspondiente aprobación del proyecto por parte de la Dirección General Forestal.

Nuestros bosques plantados en su gran mayoría están certificados bajo los sistemas internacionales FSC (819.000 has) y PEFC (367.000 has certificadas para manejo forestal). Tanto FSC como PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification) son sistemas de certificación forestal tanto de la gestión de los bosques como de las actividades posteriores (industrialización) altamente exigentes en cuanto al seguimiento de prácticas que aseguren la conservación del medio ambiente, la seguridad y la calidad del empleo y el cumplimiento de toda la normativa al respecto. Tales certificaciones son exigidas por los mercados a los que se exporta la madera y sus productos y requiere de auditorías periódicas llevadas adelante por empresas certificadoras independientes.

El contar con una certificación como las descritas le asegura al consumidor del producto que el mismo ha sido obtenido a través de una gestión y de procesos de producción aprobados social y ambientalmente de acuerdo a lo establecido en los estándares correspondientes.

El sector forestal hace además una importante contribución al balance de gases de efecto invernadero del Uruguay a través la fijación de dióxido de carbono (uno de los gases causantes del efecto invernadero y del cambio climático) que realizan los bosques, permitiendo compensar en gran medida las emisiones de otros sectores de actividad del país.

Asimismo, el sector forestal  tiene un rol destacado en la matriz energética nacional a partir de la biomasa. El Balance Energético Nacional preliminar correpondiente al año 2015, destaca que las energías renovables tuvieron una participación del 56,5% dentro de la matriz de abastecimiento eléctrico del país, correspondiendo el 43,5% restante a fuentes no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. El mismo documento indica también que dentro de las energías renovables el 40%  correspondió a biomasa (dentro de la cual la proveniente de la madera es la principal), el 13% a energía de origen hidroeléctrico y el 3,4% a energía eólica.  

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