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Propietarios de campos rechazan inclusión de sus predios en áreas protegidas y evalúan solicitar la inconstitucionalidad a la SCJ

22/11/2018



Un grupo de propietarios de campos, entre los cuales figuran productores agropecuarios y particulares, solicitó al Poder Ejecutivo “reanalizar” el proyecto oficial de incluir una zona de Paso Centurión y Sierra de los Ríos, en el departamento de Cerro Largo, en el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP) por considerar que será “perjudicial para quienes viven, trabajan y producen” en el lugar.

Eso es lo que señalan en una nota firmada por 87 titulares de padrones rurales y presentada ayer miércoles 21 a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, dos días antes del vencimiento del plazo previo a la audiencia pública.

En la misiva, los ruralistas arachanes manifestaron su “no conformidad” con el proyecto tal cual fue redactado y divulgado en setiembre por la Dirección de Medio Ambiente (Dinama) y pidieron su revisión para “preservar la fauna y la flora que sean únicas” del lugar y “al mismo tiempo permita un desarrollo sustentable adecuado”.

Días pasados ese grupo de propietarios discutió el tema, principalmente acerca de la necesidad de que el Poder Ejecutivo flexibilice la medida que prohíbe forestar en la zona, específicamente en los campos que fueron declarados de prioridad forestal en años anteriores.

Algunos titulares de los predios afectados por el plan proponen que el gobierno deje plantar árboles para producir madera y/o pulpa de papel en hasta 50% de los suelos, mientras que otros quieren mantener la libertad de forestar en todo el campo, explicó a Búsqueda Ignacio Gigena, uno de los firmantes. Y acotó: “Lo cierto es que así como está planteado el proyecto, nadie está de acuerdo”.

En el grupo de propietarios evalúan pedir ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la declaración de inconstitucionalidad de la medida, en caso de que no se contemplen sus argumentos.

El área a ser incluida en el SNAP comprende 37.273 hectáreas, en las que serán prohibidas una serie de actividades, como el monocultivo forestal, el engorde de ganado en corrales, la instalación de parques eólicos, la minería, entre otras (Búsqueda Nº 1.994).

La actual política de conformación de áreas protegidas significa un “avasallamiento del Estado en la propiedad privada”, ya que no se tiene en cuenta la posición de los titulares de los predios afectados, no está prevista una indemnización y no hubo un estudio profundo sobre el impacto de la medida, señaló Gigena.

El viernes 23 finaliza el plazo para la presentación de opiniones y descargos sobre el proyecto en cuestión y posteriormente en unos 30 días se fija la fecha de la audiencia pública.

Sin dejar de reconocer la importancia de preservar el medio ambiente y la biodiversidad en el paisaje rural, el grupo de ruralistas considera que si bien la medida prevista “no es una expropiación”, “al no poder el propietario disponer de su campo lo afecta en el valor económico”. En el caso del área protegida de la zona de Paso Centurión y Sierra de los Ríos “las pérdidas representan no menos de US$ 90 millones en tierras”, porque de un momento a otro “pasás a tener una propiedad que no vale nada”, se lamentó Gigena.

Oportunidad de negocio

En las últimas semanas en el mercado de campos se concretó la venta de tres estancias ubicadas en el entorno de Santa Clara del Olimar y el norte del departamento de Durazno para ser explotadas en forestación apuntando al proyecto de la planta de celulosa de la empresa UPM, comentaron a Búsqueda operadores del sector.

Precisaron que el precio de esas transacciones fue de unos US$ 3.000 la hectárea, ya que se trata de suelos de prioridad forestal.

Viendo que están por perder la posibilidad que tienen algunos propietarios de valorizar sus tierras, ya sea mediante la venta, el arrendamiento o algún otro tipo de contrato para forestar en forma parcial o total sus predios, el grupo de productores arachanes reclaman una revisión de la medida que supone incluirlos en el SNAP.

“Si bien es cierto que este proceso empezó hace unos años, la mayoría de los que estamos en ese lugar nos enteramos recién ahora de que venía de esta forma (el proyecto), y no hubo nunca una comunicación formal. Pero estamos en contacto y mantuvimos encuentros con funcionarios de la Dinama, en principio en términos de explicar nuestra situación y todo lo que nos afecta y, por otro lado, de que hay lugares en esa zona que son aptos para forestar”, comentó Jorge Saravia, otro de los propietarios afectados.

Dijo que el objetivo es que los jerarcas de esa repartición ministerial “cedan, ya que hasta ahora nos han escuchado y nos pidieron que enviemos por escrito nuestras opiniones”.

“Estamos absolutamente de acuerdo en que esa zona es muy particular y que tiene una riqueza de flora y fauna increíble. De hecho, uno de los propietarios dijo en una de las reuniones que si han podido conservar ese lugar así como está, por qué se los castigaba ahora de esa manera”, planteó Saravia.

Reconoció que “si hay un avance indiscriminado de la forestación, que no se controla y se mide, eso puede poner en riesgo a la naturaleza”. Pero eso “no ha ocurrido y las plantaciones forestales están enfocadas en algunos puntos”, añadió.

Los productores que apostaron a forestar en sus campos y otros que avizoran una oportunidad de negocios con la demanda de madera para la nueva planta de pasta de celulosa en Paso de los Toros advierten una contradicción en las políticas oficiales, ya que, por un lado, el gobierno firmó un contrato de inversión con la compañía finlandesa UPM para impulsar esa actividad y, por el otro, basándose en el sistema de áreas protegidas establece limitaciones a la producción forestal.

Incluso, una de las estrategias implementadas por el Ejecutivo en las administraciones frenteamplistas fue la integración de la ganadería con la forestación, mediante acuerdos para que productores puedan llevar sus vacunos a los bosques donde obtienen refugio y sombra. También algunas grandes forestadoras tienen planes de negocios con ganaderos para complementar las plantaciones de eucaliptos con la producción de carne.

Para los ruralistas dedicados tradicionalmente a la pecuaria, la llegada de inversiones en otras actividades del agro, como la forestación y los granos, les permitió diversificar su producción e inyectar capital a su negocio.

Al igual que los productores arachanes que advierten un perjuicio en la decisión del gobierno de incluir unas 37.000 hectáreas de Cerro Largo en el SNAP, otros propietarios de distintas zonas del territorio también rechazaron la pérdida de control que tienen sobre sus predios. En la mayoría de los casos la crítica que se repite apunta a la dimensión de las áreas protegidas y el alcance de las limitaciones previstas.

Algunos de los afectados de otras zonas como la de los humedales del río Santa Lucía llevaron sus reclamos a la Justicia, debido a que un decreto del Poder Ejecutivo les prohíbe todo tipo de obras urbanizadoras o turísticas. Ese es el caso de José Ortiz de Taranco, que a fines del año pasado presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y está a la espera de una sentencia de esa instancia.

Para ese propietario, el punto clave del asunto está en una modificación legal que se hizo durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez en 2005 en un proyecto de Rendición de Cuentas, cuando se eliminó la potestad que tenía el titular de un inmueble respecto a dar su consentimiento o no para ser incluido en las áreas protegidas.

La Ley 17.234 que creó en 2000 ese sistema estableció que integrarían el SNAP las propiedades que cuenten “con el consentimiento” de su titular, pero “eso fue cambiado” y ahí hay “una doble inconstitucionalidad”, porque se atenta contra la propiedad sin la indemnización prevista en la Constitución y además se innova en un asunto que no es presupuestal, argumentó Ortiz.

Indicó que la determinación de incluir a los humedales en ese sistema “alteró la propiedad de unos 4.000 padrones”.

Búsqueda 20/11/18

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