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Para la industria forestal existe “mucho desconocimiento y prejuicio” en los políticos que buscan limitar su expansión

Escribe Juan Pittaluga

 

Los productores forestales fueron los primeros señalados como la cabeza detrás de los dos polémicos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que pretendían cambiar la manera de incorporar nuevas áreas protegidas en Uruguay. Ellos aseguran que se enteraron, como casi todos, una vez que el proyecto se hizo público, y que nada tiene que ver el hecho de que Carlos Faroppa, hasta hace meses presidente de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), sea hoy el encargado de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aunque sí dicen que coincidían con algunos de los puntos que las normas proponían y que así lo plantearon en reuniones con parlamentarios para dar su opinión sobre las áreas protegidas. No obstante, ambos artículos finalmente no fueron votados debido a la oposición de Cabildo Abierto.

Desde su llegada al gobierno este sector político ha mostrado una postura cautelosa respecto al avance de la industria forestal. Junto con iniciativas impulsadas en el período anterior, esta posición significa una preocupación para la SPF, la organización que reúne a la mayoría de los productores y las empresas forestales del país. “Es increíble, pero en el mundo se tiende a forestar y acá es lo contrario, el recurso forestal es mal visto. Hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación y hay muchos prejuicios. Se escuchan cosas como que el país está todo forestado, cuando el 6% del territorio está forestado y la perspectiva no es forestar todo: tenemos 1 millón de hectáreas forestadas y con todas las proyecciones arriba de la mesa necesitaríamos 30 años más para llegar al 10%. No es que se viene forestando a lo loco. Hay que desmitificar una cantidad de cosas sobre la actividad forestal”, aseguró a Búsqueda Nelson Ledesma, secretario de la SPF.

Entre ellas menciona las críticas hacia los impactos ambientales de la forestación sobre el ciclo del agua y sobre la erosión del suelo. “Para contrarrestar está la realidad del país: después de 30 años de forestación, ¿hubo algún problema de disponibilidad de agua? Dicen que los árboles secan todo y, si mirás la realidad y los argumentos científicos, no es así”.

Otro de los supuestos mitos, acaso el más extendido, es que las multinacionales del sector se han adueñado de buena parte de las tierras del país y pretenden adquirir otras a mediano y largo plazo. Para Ledesma la industria “es mucho más” que UPM y Montes del Plata. “Está muy simplificado el tema. Hay una visión de la sociedad de que lo forestal es solo celulosa. Hasta algunos políticos hablan de un país celulósico. Esa dicotomía no es tal”, sostiene.

Francisco Bonino, también integrante de la directiva de la organización, afirma que el 40% del total del área forestada en el país tiene un objetivo diferente a la producción de celulosa y que las multinacionales son dueñas de menos de la mitad de las tierras del sector. “Acá son muchísimas las inversiones uruguayas: productores, fondos de pensión, grupos privados… Es equivocada la visión de que hay una gran empresa que se apropió del país”, afirmó.

Esta información la han transmitido en reuniones con distintos dirigentes políticos mientras la LUC estaba en discusión, incluidos los de Cabildo Abierto, que a iniciativa del diputado Rafael Menéndez presentó un proyecto de ley que busca limitar la producción forestal, evitando su cercanía a cursos de agua, obligando a la rotación y otorgándole más control a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). La propuesta cuenta con el respaldo absoluto de Guido Manini Ríos, líder del sector. “Estamos en contra del modelo de país celulósico, transformado en un gigantesco bosque a manos de cuatro o cinco multinacionales, con un par de miles de empleados y la gente corrida del campo”, dijo Manini Ríos en mayo.

Instrumento legal
Mientras intentan asegurarse de que el apoyo a la industria forestal continúe siendo una política de Estado, los productores y las empresas buscan evitar que se amplíe el área protegida en la Quebrada de los Cuervos, decretada en febrero por Tabaré Vázquez y ahora en stand by debido a un recurso de revocación presentado por la SPF en marzo ante la Presidencia de la República. El documento afirma que en el proceso de ampliación hubo violaciones e incumplimientos de aspectos legales y formales, se desconoció la competencia que tienen los gobiernos departamentales en la materia y no se contempló la importancia de la industria forestal en Uruguay. La ampliación afecta a productores con tierras en la zona, que de pasar a ser áreas protegidas no pueden ser forestadas.

“La política tiene que ser enfocada a la conservación, no tiene que ser solo un instrumento legal. Tiene que ser un fin en sí mismo para que el efecto sea real y no sea una vidriera, algo pour la gallerie, para decir ‘esto está protegido’”, reclamó Ledesma. El decreto de ampliación firmado por Vázquez afirma que en la Quebrada de los Cuervos hay una creciente “amenaza” para el mantenimiento de la funcionalidad ecológica de los ecosistemas, que afecta sus actividades productivas tradicionales, el desarrollo turístico y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Los forestales creen que el próximo Ministerio de Ambiente tendrá como uno de sus principales desafíos definir una política ambiental que incluya metas y reglas específicas respecto a las áreas naturales que deben ser conservadas, y aseguran que están dispuestos a impulsar y participar de ese debate ya que, al contrario de lo que manifestaron organizaciones sociales y partidos políticos, son uno de los actores más interesados en que exista una estrategia nacional. “Si hay algo para conservar y el país lo define, bienvenido, porque nadie más que el sector productivo entiende la importancia y la necesidad de la conservación y la biodiversdiad, porque con cualquier elemento natural que tenga variaciones el primer afectado somos nosotros”, sostuvo Ledesma.

Para Bonino la forma en la que hoy está planteado el concepto de área protegida no es la correcta porque desalienta la inversión. “Si te compraste un campo con un objetivo y mañana te dicen que en ese campo no se puede hacer forestación porque está protegido, es un impedimento para quien tiene interés en invertir”, dijo. “La frontera del conocimiento se va moviendo y hoy algo que tal vez no sea de conservación sí lo va a ser en un futuro. Entonces es súper importante que la sociedad discuta el tema a fondo, porque no es un problema solo de la forestación, es de todos los sectores, incluido de Montevideo, porque tengo que pensar qué pasa si mi jardín mañana es área protegida también”, agregó.